La doctrina liberal tradicional sostiene que los ciudadanos son soberanos y que el Estado existe para servir a propósitos específicos para ellos. Ante la presión popular para lograr una reforma social del Estado, el neoliberalismo propugna que lo único que el Estado debe garantizar es paz, orden y la preservación de derechos, refiriéndose con el término derechos casi exclusivamente al derecho de propiedad y a una muy limitada noción de igualdad de oportunidades. Parece también que bajo los conceptos de paz y orden hacen referencia a la responsabilidad del Estado de prevenir ataques exteriores o de intervenir allá donde sus intereses puedan verse amenazados, o de garantizar un acceso ventajoso a materias primas y bienes, además de prevenir insurrecciones internas y violaciones de la ley, particularmente violaciones de la propiedad y el honor. Más allá de esto, no sería función del Estado procurar la felicidad de las personas. El Estado Social es visto como un uso perverso del aparato del Estado para desposeer de "sus" bienes a los ricos, acomodados, prósperos, virtuosos, respetables, educados y sanos ciudadanos, en orden a entregarlos a las clases de individuos que no han sido capaces de satisfacer sus propios deseos y que no asumen que su estatus es la justa medida de su capacidad y de su particular trayectoria en el ejercicio de su derecho de propiedad mal aprovechado.
Pese a oponerse frontalmente al Estado del Bienestar y a la regulación industrial, el neoliberalismo incurre en flagrantes excepciones en lo tocante a subsidios y beneficios para la industria y el comercio. El neoliberalismo predica que toda ganancia que no procede del libre ejercicio de la actividad empresarial perjudica la productividad y por eso rechaza los proyectos estatales de desarrollo tales como construcción de infraestructuras, créditos a la inversión, fomento del empleo, formación o calidad de vida, y cualquier otra medida intervencionista, entre las cuales resulta especialmente reprobada la regulación estatal de las tarifas. Pese a ello, calla acerca de la concertación encubierta de precios, o el coste de los desastres medioambientales y de las políticas de apoyo a la actividad empresarial dentro y fuera del espacio jurisdiccional. Pero, sobre todo, y a esto es a lo que estamos asistiendo en la actualidad, el neoliberalismo traga sin excesiva dificultad con el hecho de que el Estado y el denostado cuerpo social tengan que asumir el coste de los despropositos y extravíos en los que ese modelo económico degenera.